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La cruda historia ocurrida en Gualliguaica que desencadenó querella criminal contra Cheyre

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El hecho ocurrió el 08 de diciembre de 1973 en la Quebrada de Angostura en este pueblo de la comuna de Vicuña.

El hecho volvió a la opinión pública en las últimas semanas. Ha sido tema de discusión y conversación en los medios de comunicación, teniendo como una de las últimas consecuencias la querella criminal contra el ex comandante en jefe del ejercito y el hasta la semana pasada Jefe del Consejo Directivo del Servel, Juan Emilio Cheyre.

La querella, que se hizo en la  Corte de Apelaciones de La Serena, la llevaron a cabo los querellantes Esteban Silva, Rony Nuñez y el abogado patrocinante de la causa, Roberto Ávila. Según explicó Silva, «hemos presentado esta demanda en contra de Cheyre por incumplimiento de sus deberes como funcionario público en relación a un hecho que causó conmoción, por que un hecho como la muerte de los padres de Ernesto Ledjerman, que después se supo fue un asesinato, un funcionario público como lo era él, tenía obligación de colocar en conocimiento, en autos a la justicia».

Historia del hecho

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Todo comenzó en la madrugada del 8 de diciembre de 1973, cuando  una patrulla militar del Regimiento «Arica» de La Serena, al mando del oficial de Fernando Polanco Gallardo, conducidos por el lugareño Luis Horacio Ramírez, quien había sido detenido y torturado el día anterior -irrumpió en la Quebrada de Angostura, posesión Los Perales, en la localidad de Gualliguaica, donde habían unas cuevas en las que se había refugiado Bernardo Mario Lejderman Konujowska, su cónyuge mexicana María del Rosario Avalos Castay el hijo de ambos, Ernesto, de menos de dos años de edad.CEPT Comunicaciones

Según lo relató Luis Horacio Ramírez ante el Tribunal, él fue detenido el 7 de diciembre de 1973 por efectivos del Regimiento «Arica», cuyo comandante era el teniente coronel Ariosto Lapostol. Se le interrogó y torturó sobre unas personas que estaban ocultas en Quebrada de Angostura y para las cuales el testigo les había conseguido ropa. Una vez obtenido los antecedentes, se formó un piquete integrado por unos 10 militares bajo el mando de un oficial de apellido Polanco. También iba un sargento de baja estatura, gordo, moreno y de unos 30 años.

Cuando se acercaron al lugar, los militares dejaron al testigo a unos mil metros del lugar, mientras ellos recorrían solos la distancia que los separaba de los hornos. Al poco rato, Luis Ramírez sintió disparos y luego llegó hasta él, el sargento, quien le dijo que tomara una pala y una picota para hacer una excavación. El militar lo llevó consigo y, a unos 150 metros de las cuevas, el testigo vio el cuerpo de la mujer (María del Rosario Avalos), el que tenía mucha sangre en el tórax. No vio al hombre. Cuando se retiraron del lugar, los uniformados llevaban en brazos al niño.

Al día siguiente, acompañado por Modesto Pastén (ya fallecido). Luis Ramírez volvió al lugar, y, en una quebrada, donde existe una vertiente, encontró el cadáver de Bernardo Lejderman. Estaba cubierto de sangre. Junto con Modesto Pastén cavaron una fosa y enterraron los restos. Diecisiete años después, el 1° de agosto de 1990, se exhumó el cuerpo.

El pequeño Ernesto fue llevado por los militares a la Casa de la Providencia de La Serena, donde fue ingresado a solicitud del Jefe de Plaza e Intendente de la Provincia, Teniente Coronel Ariosto Lapostol. Permaneció allí hasta el 8 de enero de 1974, fecha en que fue sacado para ser llevado a Buenos Aires, donde sus abuelos paternos.

A María del Rosario Avalos Castañeda, a través de gestiones diplomáticas, se la exhumó en abril de 1974 y sus restos fueron trasladados al Cementerio General de Santiago. Oficialmente, el Ministerio de Relaciones dijo al Encargado de Negocios de México en Chile que ella se había suicidado haciendo estallar un cartucho de dinamita que llevaba consigo. Por su parte, la Embajada Argentina, por medio de su Encargado de Negocios, José Alberto del Carril, hacía trámites y consultas en relación a la suerte corrida por Bernardo Lejderman Konujowska.

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El 3 de enero de 1974, Enrique Carvallo Díaz, Subsecretario de Relaciones Exteriores de la dictadura, respondió que Lejderman era un peligroso activista que estaba siendo buscado por una patrulla militar en la zona cordillerana. Cuando se le encontró, en la localidad de Gualliguaica, y, al verse éste sorprendido, intentó huir. Como no lo lograra -continuaba la respuesta oficial del Gobierno chileno- hizo estallar un cartucho de dinamita que llevaba entre sus ropas. «Dado que su muerte se produjo por su propia voluntad, no procede establecer responsabilidades por el hecho».

Días después, el 14 de enero de 1974, Relaciones Exteriores amplió la información que había entregado a la Embajada Argentina. En esta oportunidad agregaba que como sus restos quedaron diseminados por el lugar, el piquete debió juntarlos y darles sepultura, sin que fuese posible hacerle una autopsia.

Diecisiete años más tarde, el 01 de agosto de 1990, cuando se exhumó el cuerpo de Bernardo Lejderman, su cuerpo estaba entero. Sepultado a unos 40 centímetros de profundidad. Ninguno de sus huesos presentaba lesiones y las vértebras, aunque ya desarticuladas por el paso del tiempo, estaban completas, al igual que los restos óseos de la cara y cabeza, de las piernas y brazos, del tórax y de la pelvis.

Bernardo Lejderman, argentino, y su cónyuge María del Rosario Avalos Castañeda, mexicana, habían ingresado a Chile en 1971. Él lo hizo en el mes de marzo de ese año y, al poco tiempo, por sus vinculaciones con la izquierda y el Gobierno de la Unidad Popular, fue perseguido.

Aunque no se dispone de una información acabada, se sabe que Bernardo Lejderman, junto a su cónyuge e hijo decidieron irse al sector de la Aguada en busca de refugio. Su condición de extranjeros y el hecho de estar siendo procesado por sus ideas, hacían temer por su seguridad y la de su familia. Amigos de la víctima relatan que éste esperaba que se dieran las condiciones para poder cruzar la cordillera hacia Argentina cuando fue ejecutado por los militares.

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Hasta la fecha en que fueron encontrados los restos del afectado (año 1990), permaneció en calidad de desaparecido, ya que no se inscribió su defunción en el Registro Civil hasta el año 1991.

Organismos de Derechos Humanos de La Serena, presentaron, el 31 de julio de 1990, una denuncia por el delito de Inhumación Ilegal de Bernardo Lejderman en el Juzgado del Crimen Elqui-Vicuña.

Junto con relatar las circunstancias de la muerte del afectado, su sepultación ilegal y su permanencia en calidad de desaparecido durante diecisiete años, en la presentación se solicitó la exhumación de los restos del afectado.

El Juez David Salazar Catalán acogió la denuncia rolándola con el N°14090, y el 01 de agosto de 1990 se constituyó en la Quebrada de Angostura procediendo -junto a un equipo de peritos- a realizar las excavaciones que culminaron con el hallazgo de las osamentas de Bernardo Lejderman.

Posteriormente, el 8 de agosto, ante el mismo Tribunal se presentó una querella por los delitos de Homicidio, Inhumación y Exhumación Ilegal cometidos en contra del afectado y su cónyuge, María del Rosario Avalos, la que fue acumulada al proceso 14090.

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Durante la tramitación del proceso no fue posible individualizar al oficial de apellido Polanco (más arriba ya están identificados, cuatro de esos militares) ni a los integrantes del piquete militar que intervinieron en la muerte del matrimonio. El 14 de septiembre de 1990, el Mayor General Hugo Salas Wenzel, Jefe del Estado Mayor General del Ejército, (posteriormente Jefe de la CNI, la policía represiva de la dictadura) respondió a un oficio del Juzgado del Crimen Elqui-Vicuña, «los antecedentes proporcionados por el Tribunal son insuficientes para individualizar a la persona que se menciona (Polanco). Por otra parte, la Institución no cuenta con antecedentes respecto a qué personas integraban la patrulla militar que actuó en el operativo realizado al interior de Gualliguaica, ni por orden de quién se realizó ese operativo».

Cuando aún estaba pendiente la exhumación del cuerpo de Rosario Avalos, a quien se enterró en 1974 en el Cementerio General de Santiago para realizar la autopsia que definiera las causas de su muerte; determinar la efectividad de la detención y la participación de dos profesores de La Serena (habrían recolectado ropa para el niño); y personalizar al oficial de apellido Polanco y a los miembros de la patrulla; el II Juzgado Militar de Santiago intervino en la investigación solicitando la incompetencia del Juez David Salazar Catalán.

El 20 de febrero de 1991, el Juez Militar, Brigadier General Guido Riquelme Andaur, pidió la inhibitoria del Juzgado Elqui- Vicuña para continuar sustanciando el proceso porque en los hechos investigados «habría cabido participación a personal del Ejército en acto de servicio». El 18 de marzo del mismo año, el Juez David Salazar no dio lugar a la incompetencia, elevando la causa a la Corte Suprema de Justicia. El 5 de mayo de 1991, ésta resolvió en favor de la Justicia Militar.

Poco antes de esa resolución, el 14 de marzo de 1991, David Salazar había ordenado al Registro Civil de Vicuña inscribir la defunción de Bernardo Mario Lejderman Konujowska «cuyo fallecimiento ocurrió al interior de la localidad de Gualliguaica, Quebrada de Angostura, el día 8 de diciembre de 1973, en horas de la madrugada, presumiblemente por múltiples heridas».

Fuente: Cambio 21

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Primer Tribunal Ambiental rechaza reclamo de pescadores contra proyecto de ampliación de Puerto Coquimbo

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En un fallo dado a conocer el pasado jueves 6 de octubre 2022, el Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación que pretendía dejar sin efecto la resolución que aprobó la evaluación ambiental respecto a la ampliación del puerto de Coquimbo.

La reclamación fue interpuesta por pescadores de la zona en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), bajo argumento que el servicio no habría realizado una adecuada evaluación de los impactos que generaría el proyecto y habría realizado una errónea delimitación del área de influencia marina y del medio humano.

Sin embargo, tras analizar los antecedentes presentados y el expediente de evaluación ambiental del proyecto, el tribunal desestimó los principales argumentos presentados por los pescadores.

En el análisis realizado por la sala conformada por la ministra presidenta, Sandra Álvarez y los ministros Mauricio Oviedo y Cristián López, se pudo establecer que el área de influencia del medio marino fue correctamente determinada ya que incorporó todas las partes, obras y acciones del proyecto y además, identificó adecuadamente los elementos del medioambiente que podrían ser potencialmente receptores de los impactos.

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Otro punto analizado fue la construcción del muelle multipropósito, respecto del cual en el fallo se establece que “se comprobó que se ejecuta dentro del polígono definido como recinto portuario y que se respeta la delimitación de las AMERB cercanas, en particular de la que se encuentra a menor distancia”.

Además, el tribunal no pudo advertir un impacto significativo en las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) ni en las zonas de caladeros, por lo que concluyo que “las emisiones de sedimentos en el fondo marino producto del hincado de pilotes en la etapa de construcción del muelle multipropósito son acotados a un espacio físico determinado y puntuales en términos temporales” y tampoco se pudo corroborar que los sólidos suspendidos afecten las zonas de cultivo, las AMERBS o la planta de abalones. 

También se examinó el eventual aumento en la cantidad de naves que atracan y zarpan del puerto y el efecto que pudiese producir. Respecto a esto, se aclara que “de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación ambiental no se producirán efectos adversos ya que las maniobras de atraque y zarpe serán efectuadas mediante el apoyo de tres remolcadores para cada tipo de maniobra por lo que dichas maniobras poseen energía limitada para la producción de fenómenos hidrodinámicos”.

En lo referente al área de influencia del medio humano, el tribunal determinó que “se identificó de forma adecuada a quienes desarrollan sus actividades de pesca artesanal y turística operativas en la Bahía de Coquimbo” y que se clarificó la significancia de los aspectos ambientales.

Además, el fallo aclara que en lo relativo a posibles impactos sobre otros componentes ambientales como aire, calidad físico-química de la columna de agua de mar, medio humano, componente vial y fauna terrestre, la metodología ocupada por el organismo evaluador, incluyeron correctamente las emisiones y fuentes probables de emisión “sin que existan antecedentes técnicos que permitan afirmar la existencia de un riesgo a la salud de la población”

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De igual manera, se revisó el impacto en el tráfico vial y se concluyó que “en base a información objetiva y representativa de la situación actual y de las proyecciones operativas del puerto en su peor escenario lo que permite concordar en la calificación de impacto no significativo sobre el componente vial”.

Finalmente, se estipula que no procede que la empresa implemente medidas de mitigación o compensación, sin perjuicio de las acciones que voluntariamente pueda adoptar, más áun cuando no se trata del único actor relevante en el área.

Proyecto

El proyecto consiste en la construcción de un muelle multipropósito que permitirá la operación de dos nuevos sitios de atraque con capacidad para atender naves de mayor envergadura. Además, se mejorará la superficie disponible para la operación del puerto y la reparación de los sitios de atraque que están en funcionamiento.

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Primer Tribunal Ambiental acoge tramitación de nulidad de derecho público en contra de Proyecto Dominga

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Durante la tarde de ayer martes 4 de octubre 2022, el Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite una acción de Nulidad de Derecho Público que fue ingresada para invalidar la resolución que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Dominga.
El escrito caratulado como O-1-2022 ingresó al tribunal por una habitante de la
Región de Coquimbo que participó en el proceso en el que se reciben observaciones
ciudadanas en el marco del EIA.
La acción interpuesta pretende demostrar una ineficacia o irregularidad jurídica en el
procedimiento llevado a cabo por la Comisión de Evaluación (COEVA) de la Región de
Coquimbo.
La fundamentación del recurso radica en el espacio territorial de la Reserva Nacional
Pingüino de Humboldt, el que no solo contemplaría la Región de Coquimbo, sino también
la Región de Atacama, situación por la que el proyecto – a juicio de quien presentó la
acción- debió ser evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental y no por la comisión de
la región.
En este contexto la requirente indica que se debió considerar que “la Reserva Nacional
Pingüino de Humboldt constituye un ecosistema único, indivisible, territorialmente
infragmentable”. Esta situación, supuestamente fundamentaría que el SEA de la Región de
Coquimbo debió haberse abstenido de seguir conociendo la evaluación hasta esperar el
pronunciamiento del nivel central debido a lo que sería una evidente birregionalidad
ambiental del proyecto.
Además, se sostiene que el Estado y particularmente el Servicio de Evaluación Ambiental
deben “tener una posición garante respecto de los territorios y ecosistemas con valor
ambiental, al ser un patrimonio de la Nación, por lo que tendrían el deber de preservar
dichos territorios y ecosistemas durante la evaluación de impacto ambiental”.
Asimismo, se argumenta que “resulta esencial, determinar concretamente, sobre quien o
que organismos recae el deber de la debida diligencia en la evaluación de impacto
ambiental, respecto de aquellos proyectos y/o actividades que pretenden emplazarse en
territorios con valor ambiental, y que, por sus características, indiscutiblemente
constituyen patrimonio ambiental nacional”.

La denominada “acción de nulidad de derecho público” es una acción que pretende que
un tribunal (en este caso el Primer Tribunal Ambiental) anule el acto administrativo, que
en este caso es la resolución exenta emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de la
Región de Coquimbo que califica favorablemente el EIA del proyecto.

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Proyecto «Lente Futbolero Vicuña» busca crear comunidad

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Por medio de registros fotográficos y audiovisuales se busca fomentar y mostrar la pasión por el fútbol que semana a semana reune tanto a los equipos como los seguidores del deporte rey en el Valle de Elqui.

Lo que partió como una idea que recopilara los momentos más trascendentes de los partidos que disputan los distintos clubes de Vicuña, hoy se ha extendido a una iniciativa que busca aportar al patrimonio deportivo, como indicó Nikolás Rojas, miembro del proyecto. «Queremos que se transforme en un portal del recuerdo que sirva para motivar así a nuevas generaciones», destacó.

La plataforma ha crecido rápidamente gracias al apoyo de clubes y jugadores, quienes llaman a la comunidad a sumarse a la iniciativa en Facebook (Lente Futbolero-Vicuña) e Instagram (@lente_futbolero_vicuna).

También parte del equipo de Lente Futbolero Vicuña es Ernesto Castro, quien detalló que para participar, quienes lo deseen pueden enviarnos información y material de los partidos a nuestras plataformas de RR.SS.
también tenemos un numero de WhatsApp, es el +569 31980228, donde también pueden enviarnos material para poder seguir creciendo como
comunidad y fomentar este lindo deporte”.

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Respecto a las proyecciones de “Lente Futbolero Vicuña”, se espera poder registrar la mayor cantidad de equipos, ojalá todos los de la comuna y formar un banco de imágenes que sirva como un portal a la memoria de este hermoso deporte y también de las diferentes series infantiles, liga femenina, senior, que no sea solo Vicuña sino el Valle de Elqui.

Es importante señalar que se busca difundir las buenas prácticas y la
camaradería, por lo que este proyecto no representa colores ni banderas.
Además para el mes de agosto se está planificando un programa de radio, que resuma la actividad de cada fin de semana.

Fuente: Comunicaciones Municipalidad de Vicuña

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