Un total de 180 crianceros de Vicuña lograron acceder al programa del Gobierno Regional que los apoyó con alfalfa, maíz y cajas de alimentos tras un el cierre de un complejo año 2022.

Gracias a este programa del 4% de emergencia se ha dispuesto de un fondo de 101 millones de pesos enfocados en apoyar a las familias que sean parte del 40% de la población más vulnerables y que estén afectados de alguna manera por el déficit hídrico.

Además se están entregando dos cajas familiares a los pequeños agricultores en
toda la comuna de acuerdo a lo señalado por el departamento de Desarrollo Económico de la
municipalidad de Vicuña.

Proximamente y de acuerdo a este mismo fondo, se hará entrega para algunos de
los beneficiarios del programa escasez hídrica, de mangueras de polietileno de
color negro de ¾ y media pulgada de diferentes localidades de la comuna de
Vicuña.

Aludiendo a la ausencia de información concreta respecto al impacto que tendrá el Proyecto Minera Dominga en su zona de afectación, el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño (CS) respondió en un oficio enviado a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

El oficio fechado el pasado miércoles 28 de diciembre 2022 indica que para la entidad de gobierno «(Proyecto Minera) Dominga no sólo presenta falencias en las emisiones atmosféricas, sino que también provocaría una potencial afectación sorbe la fauna cercana al yacimiento y el puerto marítimo, donde se exportará el hierro extraído», de acuerdo a lo consignado por Diario La Tercera.

«Andes Iron (operadora del proyecto Dominga) no incorporó de manera satisfactoria en su área de influencia, información levantada en torno a rutas de navegación, reconociendo que se trata de sectores potencialmente afectados por acciones del proyecto (…) Esto afecta en particular el hábitat de especies como el pingüino de Humboldt, Chungungo, Pato Yuco y cetáceos, al no ser considerados en el área de influencia actividades o comportamientos propios de estas especies (…) No es posible descartar que el proyecto generaría impactos significativos en el ecosistema protegido.» cita La Tercera.

La publicación del oficio firmado por el subsecretario Proaño es dado a conocer pocos días antes de la discusión a la que será sometido el proyecto ante el Comité de Ministros que preside la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas y en la que participan los titulares de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.

Es necesario constatar que este oficio es el primero de la administración del Presidente Gabriel Boric en el cual es posible evidenciar una posición ante un proyecto que considera una millonaria inversión en su ejecución, la eventual generación miles de puestos de trabajo y beneficios a la comunidad como el compromiso de parte de la minera de entregar agua potable gratis durante 25 años.

En este sentido, el alcalde de La Higuera, Yerko Gallegillos (UDI) manifestó su descontento con el oficio señalando que detrás de esta decisión hay un sesgo político y no técnico, pues el
informe se basa una serie de falencias en la evaluación del proyecto, la falta de información
sobre las emisiones atmosféricas y una posible afectación de pingüinos y cetáceos, más no
considera los más de 30 kilómetros que separan el rajo de la mina de la Isla Choros, lugar
donde habitan preferentemente estas especies.

“Lamento mucho lo que está sucediendo, creo que el ministerio nos quiere dejar
sumidos en la pobreza, buscan que sigamos siendo el pariente pobre de la región
evitando todo tipo de desarrollo en la zona. La Higuera tiene un gran potencial para
desarrollarse de manera industrial, con la posibilidad de contar con avances en lo
portuario, así lo define el instrumento territorial como el PRI ejecutado durante el
segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y firmado por el exintendente
Claudio Ibáñez”, señaló Galleguillos.

Los argumentos jurídicos y técnicos, aclara, obtuvieron resultados favorables por los
tribunales en cada instancia judicial e incluso ratificados por el SEA en la votación del 2017,
año en que este organismo y el seremi de Medio Ambiente de la época votaron a favor de
Dominga, recomendando su posterior aprobación.

Para el edil, el desarrollo industrial que generaría una iniciativa de esta envergadura traería
aparejados beneficios no solo para la comunidad local, sino que también para la región de
Coquimbo, “dado que La Higuera no tiene la capacidad suficiente de servicios y
recurso humano para solventar todo lo que Dominga necesita. Entiendo la
preocupación por los peces y pingüinos, pero comencemos a ocuparnos también del
desarrollo humano que es lo que mantiene vivo a este país.”

Aludiendo a las dificultades que presentaría para el mundo rural, en particular respecto al cumplimiento de los plazos impuestos, la dirigenta Leticia Ramírez, presidenta del Consejo Regional Campesino expuso ante la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas y Diputados la necesidad de modificar los plazos para la conformación del Catastro Nacional de Aguas.

Ramírez participó via remota de la instancia gracias a una invitación de la parlamentaria comunista Nathalie Castillo y detalló su preocupación por la masa campesina no usuario de INDAP y de comunidades indígenas, residentes de zonas alejadas, con envejecimiento y analfabetismo digital, que no están accediendo a ser parte del mencionado Catastro.

Este último aspecto se ha convertido en una preocupación, puesto que, a 10 meses de la promulgación de la ley, su tramitación es 100% online, requiere clave única, correo electrónico, entre otras herramientas digitales que, a juicio de Ramírez, la población campesina no cuenta.

Como una alternativa, se ha propuesto contratar personal suficiente en la Dirección General de Aguas para hacer el catastro sobre la base de información que poseen los conservadores; disponer de profesionales jurídicos por provincia para evitar tratos abusivos y negligencias; prorrogar los plazos atendiendo la demora de los procesos y trámites; y exigir a los conservadores que escriban al margen de la escritura, “la inscripción de los derechos en el catastro, de manera automática y gratuita, sin necesidad de concurrencia de los titulares”.

Finalmente, la diputada Castillo, al término de la exposición, destacó que este es “un primer paso para avanzar en un diagnóstico. Los plazos no están y eso es bueno aterrizarlo en un proyecto. Nos ponemos a disposición como Comisión para hacer una prórroga, un aplazamiento en la aplicación de la ley”.